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Pronunciamiento de la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Licda. Raquel Caballero de Guevara con relación a los procesos penales iniciados contra supuestos clientes de una red de trata de personas.

 

Ante los recientes hechos referidos a la captura de cuatro personas que presuntamente eran clientes de una red de trata de personas, cuyas víctimas eran adolescentes, en mi calidad de Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos manifiesto lo siguiente:

 

 Para combatir en forma eficaz el delito de trata de personas, los esfuerzos deben enfocarse al menos desde tres perspectivas: 1) la persecución penal de las personas tratantes –hombres y mujeres–, 2) la persecución penal de las personas que pagan por tener relaciones sexuales con las víctimas de esos abominables delitos, y 3) medidas de reparación para dichas víctimas. Desde que se hizo pública la investigación fiscal en contra de la citada red, esta Procuraduría ha verificado el proceder de las instituciones, entre éstas la Fiscalía General de la República; por ello, en comunicación oficial girada en septiembre de 2014, se requirió al entonces titular de la Fiscalía General, licenciado Luis Antonio Martínez González, que informara si existían procesos en contra de las personas que pagaron por tener relaciones sexuales con las niñas y adolescentes víctimas. En su respuesta el citado funcionario expresó que la investigación no se había agotado con la presentación ante el juzgado respectivo de dieciséis requerimientos fiscales para igual número de imputados.

 

En ese sentido, considero positivo que el actual Fiscal General de la República, licenciado Douglas Arquímides Meléndez Ruíz, haya incoado la acción penal en contra de los clientes o personas que pagan por tener relaciones sexuales con las víctimas, ya que es un eslabón que no debe quedar fuera si se quiere erradicar dicho delito. El caso en cuestión reviste especial importancia porque algunas víctimas son adolescentes, es decir, personas menores de dieciocho años de edad, las cuales por dicha condición tienen derecho a una protección especial o reforzada por parte del Estado, la familia, la sociedad y la comunidad, según lo disponen los artículos 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 9 del Protocolo Facultativo de la CDN relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía; 1, 2, 34 y 35 de la Constitución de la República; 12, 41 y 55 de la LEPINA y 4 letra d) y 30 de la Ley Especial contra la Trata de Personas.

 

A pesar de lo anterior, y de información proporcionada a esta Procuraduría por personal de la Unidad Especializada de Trata de Personas de FGR, considero importante que se valore el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, a fin de que Fiscalía impute además otros delitos que posiblemente pudieron cometer los ahora procesados y todas las personas que pagan por tener relaciones sexuales con niñas y adolescentes, como podría ser el delito de estupro o violación agravada, según sea cada caso.

 

 En relación a los derechos de las víctimas, es importante cambiar el manejo que los medios de comunicación han realizado para evitar potenciar la vulnerabilidad de las presuntas víctimas, poner en riesgo sus vidas e integridad, entorpecer la investigación, y generar impunidad.

 

Por lo anterior, en mi calidad de Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, me permito realizar las siguientes recomendaciones:

           1)  Al señor Fiscal General de la República, licenciado Douglas Arquímides Meléndez Ruíz, insto a considerar la procedencia de incoar la acción penal contra los procesados,  por otras conductas delictivas derivadas del acto de pagar por actos sexuales o eróticos con niñas y adolescentes; tales como, estupro o violación agravada según corresponda; a fin de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas;

              2)   Al señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, ingeniero Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional contra la Trata de Personas, para que en el ejercicio de sus funciones aplique las medidas de protección establecidas en la Ley Especial contra la Trata de Personas y en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

             3)  A los medios de comunicación social, a que en el tratamiento de toda noticia que relacione a Niñas, Niños y Adolescentes, tengan especial cuidado de no revelar información que pueda atentar contra sus derechos fundamentales, entre éstos, su honor, imagen, integridad y su vida;

 

Finalmente, reitero mi compromiso a favor de las víctimas de este flagelo social y en atención al mandato que me confiere la Constitución y la Ley, efectuaré una verificación permanente en defensa de  sus derechos humanos.

 

 

 

San Salvador, 7 de enero de 2017